Sevilla, 19 sep (EFECOM).- El Tribunal Supremo ha elevado a cuatro años y medio la pena de prisión al expresidente y consejero delegado de la empresa pública Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) Tomás Pérez-Sauquillo, condenado por unos incrementos salariales por encima de los límites presupuestarios.
Según ha informado el tribunal en un comunicado y recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este jueves, también ha sido condenado a ocho años de inhabilitación absoluta y doce de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro de malversación, con la atenuante no cualificada de dilaciones indebidas.
El pronunciamiento del alto tribunal se refiere al incremento de sus propias retribuciones y las de otros trabajadores de la compañía por encima de lo autorizado por las leyes de Presupuestos.
El tribunal también ha condenado a dos años y tres meses de prisión y a tres años e inhabilitación absoluta al ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido como cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos.
La Sala de lo Penal ha estimado de forma parcial el recurso de casación de la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó al expresidente de Invercaria a dos años y tres meses de prisión y a cuatro años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos, y apreció como muy cualificada la atenuante de dilaciones indebidas.
El exdirector financiero fue condenado a un año, un mes y quince días de prisión y dos años de inhabilitación absoluta.
La agravación de la condena obedece a que la Sala de lo Penal condena a Pérez-Sauquillo por un delito de prevaricación del que fue absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla, así como a la sustitución de la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada por una simple.
La Sala de lo Penal recuerda que los hechos probados describen que Pérez-Sauquillo, como presidente y consejero delegado de Invercaria, tenía la facultad para contratar empleados para la entidad y señalarles los puestos de trabajo y retribuciones.
En el ejercicio de esas funciones decidió personalmente, al menos, la contratación de Nieto Garrido y varios trabajadores a los que fijó el salario que él decidió libremente “sin recabar ningún informe previo o autorización de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, pese a que así lo exigían las leyes de Presupuestos”.
En 2006 personal de IDEA dejó de confeccionar las nóminas de Invercaria con las instrucciones de ésta, y durante unos meses dicha tarea la hizo personal de la propia mercantil, hasta que ya a finales de ese año se decidió externalizar el servicio y encomendárselo a una empresa, que se limitaba a confeccionar las nóminas con las datas que se le facilitaban desde Invercaria. EFECOM
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