Juan Carlos Castro Vargas, ministro del Ambiente, anunció proyecto de ley para sancionar a responsables de siniestros. Foto: Andina
El Ministerio del Ambiente anunció este martes la presentación de un nuevo proyecto de ley destinado a sancionar a los responsables de incendios forestales.
Según el titular Juan Carlos Castro, la propuesta legislativa busca establecer un marco legal claro para combatir estos siniestros y recuperar las áreas afectadas. Sin embargo, a pesar de las intenciones detrás de esta iniciativa, surgen serias dudas sobre su efectividad a largo plazo.
Carlos Cabrejos Bobadilla, abogado especializado en derecho ambiental y forestal, en entrevista con Infobae Perú, detalló varios puntos críticos del proyecto de ley, que será presentado hoy al Congreso de la República.
Fotografía cedida por la Presidencia de Perú del desplazamiento de un helicóptero con sistema Bambi bucket en la zona de la Florida en Amazonas. Foto: EFE/ Presidencia de Perú
(Presidencia de Perú/)
¿Qué dice la propuesta del Minam?
El proyecto de ley tiene como objetivo tipificar como delito la generación de incendios forestales y establecer sanciones correspondientes. Además, se contempla un conjunto de acciones para la rehabilitación de las áreas afectadas por los incendios.
Castro enfatizó que esta medida es necesaria debido a la falta de una tipificación específica para estos delitos, lo que ha llevado a una escasa responsabilidad legal hasta el momento.
No obstante, el abogado especialista recordó que el tratamiento de los incendios forestales ya está abordado en el Código Penal. Según Cabrejos, la iniciativa legislativa solo amplía el concepto de protección sin necesariamente mejorar la implementación o eficacia de las sanciones existentes.
“Eso ya lo tenemos desarrollado en el Código Penal, con sus sucesivas modificaciones. En la primera modificación, se eliminó el concepto de bosques protegidos para establecer una protección más amplia del patrimonio forestal y se incrementaron las penas. La segunda modificación, en el período 2015, introdujo una nueva Ley Forestal que también aumentó las penas, tanto para los delitos básicos como para los agravantes. Por lo tanto, el delito ya está bien definido. Me ha sorprendido escucharlo al ministro del Ambiente señalar que no se encuentra tipificado”, dice el abogado.
Asimismo, Cabrejos criticó la estrategia de elevar penas para corregir conductas delictivas, argumentó que incrementar las penas no ha demostrado ser efectiva en términos de control y prevención de incendios forestales. En ese sentido, según el experto, una política adecuada para atender este problema debería incluir una cultura especializada en la gestión de incendios forestales.
Dina Boluarte supervisó acciones contra los incendios forestales. Foto: Andina
Los verdaderos responsables: el empresariado
Por otro lado, el abogado comparó la situación de Perú con la de Colombia, donde se implementó un endurecimiento penal frente a la deforestación masiva en 2017.
En 2017, el país vecino enfrentó una gran deforestación, con más de 200 mil 000 hectáreas perdidas. Para combatir esto, Colombia decidió endurecer las penas para los delitos relacionados con la deforestación y creó leyes específicas para castigar esta actividad y así proteger sus bosques.
Esta estrategia, según Cabrejos, muestra que tener leyes detalladas podría ser muy útil. Perú, que también enfrenta graves problemas de deforestación, registró 223 mil 000 hectáreas pérdidas solo el año pasado.
“La experiencia colombiana muestra que una descripción detallada y especializada de los delitos puede ayudar significativamente. Esa intensidad de acción es algo que Perú debería considerar. La deforestación está directamente vinculada a la agricultura, ganadería y minería, que representan casi el 99% de las causas directas. La estrategia debe centrarse en reducir estos factores, como lo hizo Colombia con éxito. Además, no podemos ignorar la realidad: sabemos que las mafias que invaden bosques eventualmente terminan formalizándose y desarrollando lo que llamamos grandes industrias en la Amazonía. A pesar de contar con indicadores y datos relevantes, no hemos avanzado en términos políticos o geopolíticos para enfrentar este gran problema”, resaltó.
Premier Gustavo Adrianzén comunicó que no habrá declatoria de emergencia por incendios forestales. Foto: Composición Infobae
Impacto de la Ley Antiforestal del Congreso
En esa misma línea, Cabrejos también cuestionó la efectividad de la modificatoria de la ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, denominada por sus críticos como ‘Ley Antiforestal’, y la capacidad del Gobierno para sancionar a los verdaderos responsables de los incendios: el empresariado y los intereses económicos.
Mientras las políticas actuales parecen centrarse en sancionar a los agricultores y sus prácticas culturales, sería más efectivo adoptar una postura coherente y menos influenciada por intereses externos, a fin de abordar adecuadamente la crisis de deforestación, indica el abogado.
“Lo que se está haciendo actualmente es simplemente mostrar acciones superficiales sin abordar el problema de fondo. Es necesario un enfoque especializado y serio, no limitarse a denunciar casos aislados para salir del paso. Creo que una de las soluciones sería cambiar de una visión agrarista y minera de la Amazonía a una visión puramente forestal. Deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en conservar la Amazonía de manera efectiva, ya sea a través de conservación pura o conservación productiva, pero siempre priorizando la protección del ecosistema”, señaló.
Congreso de la República. Foto: Foto: Andina
Finalmente, Cabrejos criticó la falta de claridad en cómo se aplican las normas internacionales, especialmente con la nueva regla de la Unión Europea que exige que los productos importados no provengan de áreas deforestadas.
El especialista se pregunta si la Embajada de Estados Unidos podría intervenir para asegurarse de que la madera que llega desde Perú no provenga de fuentes ilegales y permitir su venta si cumple con las normas, incluyendo a empresas peruanas que están deforestando y asegurarse de que se les tomen medidas.
“La embajadora de Estados Unidos ha estado en contacto con empresas que reciben capitales norteamericanos y ha sido vista en eventos relacionados con cultivos de palma aceitera. Esto plantea la pregunta de si el embajador peruano en Estados Unidos podría intervenir para verificar si la madera que se vende proviene de fuentes ilegales o si podría enfrentar empresas peruanas que están deforestando sin ser sancionadas”, conluyó.
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