El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido este viernes a todas las partes implicadas en el conflicto en Birmania que cesen la violencia y garanticen la protección de los civiles, a pocos días de cumplirse siete años del desplazamiento forzoso masivo de la minoría rohingya a Bangladesh.
En un comunicado atribuido a su portavoz, Stéphane Dujarric, el representante de la ONU ha alertado de la “grave situación humanitaria y de seguridad” en el estado birmano de Rajine, debido al recrudecimiento de los combates entre el Ejército y la guerrilla local del Ejército de Arakán –histórico grupo separatista que ahora enfrenta a la actual junta militar birmana tras el golpe de Estado de 2021–, y que está afectando a la minoría rohingya.
Ante este panorama, la ONU ha pedido a las partes en conflicto que respeten los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y ha instado a los actores regionales a que sigan apoyando los esfuerzos por proteger a las comunidades afectadas y por avanzar hacia un proceso de paz y la reconciliación nacional en Birmania.
Este llamamiento se produce días antes de que se cumplan siete años desde que las operaciones militares en Birmania expulsaran, de acuerdo a las cifras de la ONU, a más de 700.000 rohingyas a través de la frontera con Bangladesh.
“A pesar de que el mundo dice ‘nunca más’, estamos siendo testigos una vez más de matanzas, destrucción y desplazamientos en Rajine. Las partes en el conflicto armado están emitiendo declaraciones en las que niegan su responsabilidad en los ataques contra los rohingya y otras personas, actuando como si fueran impotentes para protegerlos. Esto sobrepasa los límites de la credulidad”, ha declarado este mismo viernes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
El representante de Naciones Unidas también ha alertado del deterioro de la situación en Birmania, después de que en los últimos cuatro meses decenas de miles de personas se hayan visto obligadas a huir tras una ofensiva del Ejército de Arakan para arrebatar a los militares birmanos el control de las ciudades de Buthidaung y Maungdaw.
Además, ha acusado a los dos bandos de cometer “graves violaciones de Derechos Humanos y abusos contra los rohingya”, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, secuestros, reclutamientos forzosos, bombardeos indiscriminados de ciudades y pueblos con drones y artillería, y ataques incendiarios.
“Estas atrocidades exigen una respuesta inequívoca: los responsables deben rendir cuentas y la justicia debe perseguirse sin tregua”, ha señalado Türk, al tiempo que ha pedido a la comunidad internacional y en particular a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) de tomar “todas” las medidas necesarias para proteger a las víctimas civiles de este “cruel conflicto”.
Según la ONU, unas 327.000 personas han sido desplazadas en el estado de Rajine y en la ciudad de Paletwa, en el estado de Chin, desde el repunte de las hostilidades en noviembre de 2023. Esto eleva el número total de desplazados en ambas zonas a más de 534.000 personas.
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